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Respuesta de la PAH a la ley 1/2013 del PP: una ley inutil, ilegal y que vulnera los DD.HH.
Entre los muchos despropósitos de la ley, destaca el plazo de sólo un mes para que las personas afectadas aleguen cláusulas abusivas. Para ello la PAH ha elaborado un «Kit de emergencia»
El pasado 14 de marzo se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la cuestión prejudicial planteada por el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona en el caso Aziz. Dicha sentencia vino a ratificar lo que la PAH, el Poder Judicial y muchos otros colectivos venimos denunciando: que el procedimiento español de ejecución hipotecaria, así como el de lanzamientos o desahucios, deja en absoluta indefensión a la ciudadanía, sobreprotege los intereses de los bancos, vulnera la tutela judicial efectiva e impide la detección de las múltiples cláusulas abusivas que infestan la casi totalidad de los contratos hipotecarios españoles.
Tras dicha sentencia, todo el país esperaba que el Gobierno actuara de forma responsable, decretando una moratoria de todos los procedimientos hasta adecuar la norma española a la directiva comunitaria de obligado cumplimiento, así como estableciendo un mecanismo de revisión de los procedimientos ya ejecutados, puesto que se han sentenciado vulnerando la ley europea y la tutela judicial efectiva. Se esperaba también que, entre esas medidas urgentes, se adoptaran por fin las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por casi un millón y medio de firmas y por el 80% de la población según todas las encuestas: la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías. Sin embargo, una vez más el Gobierno se plegó a la presión de las entidades financieras: despreció las medidas de mínimos recogidas en la ILP, no ordenó ninguna moratoria de procedimientos y se ha limitado a aprobar la ley 1/2013, una ley dictada por la propia patronal bancaria, que complica aún más la situación de las personas afectadas. Lo hizo en soledad, sin apoyo de ninguna otra fuerza política. Incluso el Banco Central Europeo (BCE) ha criticado la nueva ley por insuficiente (ver Dictamen del 22 de mayo de 2013).
Resumiendo, la ley 1/2013:
1. 1- No respeta un procedimiento con todas las garantías legales necesarias
Nos encontramos con una primera y clara diferenciación entre los procedimientos judicialmente acabados y los procedimientos judicialmente vivos o en curso.
- Con respecto a los procedimientos acabados, con esta nueva regulación no se aborda ninguna opción para todas aquellas personas que ya han perdido su vivienda, condenándolos de esta forma a la exclusión social. Se legaliza el abuso bancario sobre el consumidor que ya ha sido desalojado.
- Con respecto a los procedimientos vivos:
Se fija un plazo de caducidad de un mes, cuando hasta ahora no había plazo, y equipara la publicación en el BOE a la expresión “tener conocimiento”, provocando la consiguienteinseguridad jurídica por notificación mal realizada. En muchos casos este plazo supone absoluta indefensión, pues la mayoría de la población no tiene por costumbre leer el BOE.
Pretende legalizar cláusulas abusivas. Así, fija los intereses de demora en tres veces el interés legal del dinero, cuando venían fijándose en 2,5 veces o incluso menos (ver Audiencia de Girona así como la ley de contratos de consumo 16/2011). En Alemania, por ejemplo, los intereses no pueden superar el 3%, y en otros países europeos se fija en el tipo legal más 1 ó 2 puntos.
Se permite la aplicación de intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se impedía su integración.
Se permite fijar el precio para la subasta en un 75% de su valor de tasación, cuando antes era del 100%. En caso de quedar desierta la subasta, aparentemente el valor de adjudicación sube al 70% (respecto al 60% anterior); sin embargo, si ese porcentaje generara saldo a favor del deudor, la adjudicación seguirá siendo por el 60%. El banco nunca pierde.
Se rompe el principio de ineficacia de los actos declarados nulos.
Se produce una violación del derecho a la tutela judicial efectiva y queda patente la ausencia de igualdad de “armas” para poder defenderse. En caso de que el juez estime la existencia de cláusulas abusivas, el banco puede interponer recurso. En cambio, si el juez desestima la existencia de las mismas la persona afectada no podrá recurrir.
Se produce incluso discriminación por edad (caso de las familias que pueden acogerse a la moratoria del desahucio sólo en caso de que haya un menor a 3 años), una discriminación que podría considerarse inconstitucional.
1. 2-Se mantienen los desalojos forzosos
Se permiten desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Desalojos con criterios arbitrarios, violándose la Convención de derechos del niño (ONU), y el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), entre otras normas vinculantes, anteriores a la Ley 1/2013 del 14 de mayo.
3-Se mantiene la deuda perpetua
Prevalece la idea de “muerte civil” del deudor hipotecario. A pesar de que formalmente introduce la posibilidad de la retroactividad (desmintiendo así la imposibilidad técnica de la retroactividad, defendida hasta ahora por el legislador), las condiciones prácticas de dicha retroactividad (poder pagar el 65% de la deuda, más intereses, en 5 años, o el 80% más intereses en 10 años) impiden llevarla a la práctica. Así, representa una condonación irreal de la deuda. Para el 99% de los afectados, en la práctica, supone mantener la deuda para el resto de su vida, produciéndose una vez más una violación de los DDHH, y condenando a la exclusión social a la inmensa mayoría de los afectados.
La Ley tampoco acaba con el abuso fiscal que vienen sufriendo las personas afectadas por ejecuciones o aquellas que, con gran dificultad, logran la dación en pago. En ambos casos (a excepción de los pocos casos que entran en el llamado “decreto de buenas prácticas”) el estado seguirá lucrándose gravando la pérdida de vivienda como si se tratara de una compraventa beneficiosa para la persona afectada.
Resumiendo:
Se deniegan derechos ya reconocidos por la legislación vigente, la jurisprudencia o las directivas europeas.
Una norma hecha al dictado de los bancos, que una vez más viola DDHH y excluye totalmente a los más vulnerables.
Evidentemente no han querido solucionar el problema con la nueva ley y ni mucho menos con la finalidad que dicen haberla aprobado: no es su intención proteger a los deudores, sino hacer un muro de contención contra sus legítimas reclamaciones y contra el avance de las medidas respaldadas tácita o expresamente por una gran mayoría de la población a través de la ILP.
- “Kit de emergencia”: consideramos que el plazo de un mes que establece la nueva ley para alegar cláusulas abusivas es ilegal, puesto que es contrario a la legalidad comunitaria de defensa del consumidor frente a cláusulas abusivas (Directiva 93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE que la interpreta). Sin embargo, aunque esperamos que ese plazo podrá ampliarse en los juzgados, el equipo jurídico de la PAH ha realizado un “kit de emergencia”, con el fin de facilitar a las personas afectadas con procedimientos de ejecución en curso que puedan plantear las cláusulas abusivas dentro del plazo inicial de un mes, y que finaliza el próximo 16 de junio de 2013. El kit se compone de: consejos generales para alegar cláusulas abusivas; modelo de escrito para solicitar justicia gratuita; modelo escrito para plantear las cláusulas abusivas; modelo escrito para solicitar suspensión subasta notarial (en el caso de procedimientos extrajudiciales, acompañado también por una guía específica para las notariales). Ver documentos
- Llamamiento a los jueces: sin duda en el último año la mayoría de los jueces han demostrado mayor y mejor conocimiento de la realidad social que el propio Gobierno, y muchos han denunciado ya la ineficacia de la ley recientemente aprobada por la mayoría absoluta del PP. Ahora les pedimos que mantengan esa sensibilidad, que no se resignen y, en aplicación de la normativa europea, vayan más allá de la Ley 1/2013. Así, confiamos en que actuarán de oficio en el análisis de las cláusulas abusivas o, en su defecto, no permitirán la indefensión de las personas afectadas (generada por la notificación vía BOE), dando traslado de la posibilidad de plantear las cláusulas abusivas a todas las personas con procedimientos en marcha. Les invitamos también a estudiar la posibilidad de trasladar las contradicciones relacionadas tanto con la indefensión, como con la contradicción con la normativa comunitaria, tanto por la vía de la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como por la vía de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- Llamamiento a la población: el estado español vive una vulneración de derechos fundamentales generalizada y una auténtica emergencia habitacional, a pesar de tener viviendas de sobra. Si algo no falta en este país son viviendas, pero al menos tres millones y medio de primeras residencias (según los últimos datos del INE) se encuentran vacías, muchas de ellas en manos de entidades financieras rescatadas con nuestro dinero, o directamente en manos de la gestión pública a través de la SAREB o “banco malo”. El estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos de la población y legisla una y otra vez a favor de los criminales que han hundido la economía entera del país.Frente a una situación tan excepcional, es más necesaria que nunca la movilización ciudadana. No sólo para seguir presionando a los poderes públicos y así forzarles a que actúen de acuerdo al interés general. Sino sobre todo para demostrar que, si hay voluntad política, sí se puede. Se puede tutelar de manera efectiva nuestro derecho a una vivienda digna, forzando a los bancos a negociar daciones en pago, condonaciones y alquileres sociales. Se puede desobedecer leyes injustas y parar desahucios gracias a la solidaridad y el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos. Se puede recuperar las viviendas vacías en manos de los bancos y que incumplen su función social, para entregarlas a quienes las necesitan, a través de la Obra Social de la PAH.
La ILP impulsada por la PAH y otros colectivos está más viva que nunca, porque sus medidas son más necesarias que nunca. Tarde o temprano el Gobierno se verá obligado a aprobarlas, porque sin ellas no sólo se vulneran los derechos de los ciudadanos, sino que será imposible salir de la crisis. Hasta entonces, seguiremos defendiendo la dación en pago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social en la calle, rescatando personas y señalando responsables.
¡Sí se puede! Y lo estamos demostrando
Kit de emergencia
Consejos para solicitar la justicia gratuita
- Para Alegar Cláusulas Abusivas en Procesos Judiciales No Finalizados
- Para suspender la ejecución extrajudicial
También puedes descargarte todos los archivos en un .zip aquí
Apoyo a Corrala Utopía
Apoyo a las compañeras de Corrala Utopía. Quieren desalojarles para Junio, actualmente están de juicio. Ánimo y a seguir en la lucha. Mucha fuerza.
Manifiesto Corrala Utopía
PORQUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO CONSTITUCIONAL
Para que Ibercaja llegue a un acuerdo con las familias de Corrala Utopía
Durante los últimos años hemos asistido a un auténtico drama social relacionado directamente con la crisis económica que se vive en nuestro país. La tasa de desempleo se eleva en el conjunto del Estado Español hasta el 27%, mientras que en Andalucía esa trágica cifra asciende hasta el 36%. Más de seis millones de parados y paradas, ante las desoladoras previsiones de futuro, se encuentran en riesgo de exclusión social. Una de las caras más duras de este panorama la viven las miles y miles de familias que han perdido sus viviendas (por desahucio hipotecario o desahucio por alquiler) y todas aquellas que no pueden acceder a una en condiciones dignas. Al mismo tiempo, tal y como muestran los datos, sólo en Andalucía hay entre 700.000 y 1.000.000 de viviendas vacías. En el conjunto de España este número podría elevarse hasta los 6 millones de viviendas deshabitadas.
Suscribimos plenamente las palabras del Presidente de Ibercaja, Amado Franco, que manifestó el pasado lunes 29 de abril que “el derecho a una vivienda digna es constitucional y en este país hay familias que no pueden acceder a una habiendo miles y miles de viviendas vacías, una contradicción que nos debería llenar de vergüenza”. El señor Franco afirmó también que a Ibercaja le merece la pena “tener viviendas ocupadas por un alquiler social de 100€ antes que tenerlas vacías durante dos, tres o cuatro años”. Por ello, porque es necesario pasar de las palabras a los hechos, instamos a Ibercaja a que, tal y como plantea su Presidente, alcance un acuerdo con las más de 30 familias de la Corrala Utopía.
Estas familias han protagonizado un año de lucha pacífica y ejemplar, habiéndose realojado en un edificio que permanecía vacío durante más de 3 años y que era propiedad, por aquel entonces, de Maexpa, una inmobiliaria cuyo propietario está inmerso en un proceso judicial por evasión fiscal, corrupción urbanística y corrupción política. Ibercaja se hizo con la propiedad del inmueble tras conceder una dación en pago a esta empresa, a pesar de que no llega a acuerdos similares con numerosas familias que se encuentran en una situación límite. Ibercaja puede y debe llegar a un acuerdo que de solución a las familias de la Corrala Utopía.
Ustedes tienen ante sí la posibilidad de demostrar que no todas las personas que dirigen las entidades bancarias de nuestro país son iguales. La sociedad ha contemplado con asombro durante los últimos años como la Banca desahuciaba de sus viviendas a familias trabajadoras cuyo único pecado era haberse quedado sin trabajo y no poder hacer frente a sus pagos hipotecarios.
Creemos que es una absoluta sinrazón que haya millones de viviendas vacías en todo el Estado, pertenecientes en su mayoría a la Banca, mientras que hay cientos de miles de familias que necesitan acceder a una vivienda. Como decía el Presidente de su entidad: las entidades bancarias han de asumir que la burbuja inmobiliaria ha estallado y que esos pisos que permanecen vacíos no se van a vender en muchos años. Aténganse a razones, alcancen un acuerdo con las familias de la Corrala Utopía, que están reclamando poder pagar un alquiler social por vivir en esas viviendas que estaban vacías.
Jornada aniversario 15M Badajoz
El próximo 15 de Mayo a las 19:00 en la Avda. de Huelva.
Charlas-debate de grupos de economía, educación y política alternativa:
De 19:00 a 20:00 el colectivo CALA y la escuela libre El Candil
De 20:00 a 21:00 el grupo de consumo ECOBA, Banca ética/FIARE y Mercado Social.
De 21:00 a 22:00 Plesbicito «ahora decides tú» y Comisión de Vivienda 15M Badajoz.
PD: difunde, imprime y pega.
Marchas por la Renta Básica. Mérida 9 de mayo
Este 9 de mayo se unirán las marchas de desempleadas y ciudadanas de los campamentos dignidad en Mérida para reivindicar al derecho a la renta básica de las iguales, el derecho a vivir dignamente.
Marcha desde Badajoz: hoy 7 de mayo a las 06:00 partió la marcha desde Badajoz rumbo a Mérida. Harán noche en Montijo y pretenden llegar mañana por la noche.
Marcha desde Plasencia: salió el 3 de mayo y pasó y pasará por Cañaveral, Casar de Cáceres, Cáceres, Casas de Don Antonio y Alcuéscar.
Marcha desde Ribera del Fresno: hoy a las 17:00 saldrá desde esta localidad para hacer noche en Almendralejo y así partir mañana desde allí y llegar a Mérida.
Este 9 de mayo, por nuestros derechos, en la Asamblea de Extremadura en Mérida.
Pronunciamiento de la PAH de Badajoz
Sr. Director del periódico HOY:
Con fecha 8 de Abril enviamos a usted una carta como respuesta a un artículo de opinión aparecido en su periódico en el que se insultaba y se vertían falsas acusaciones contra las Plataformas de Afectados por las Hipotecas. Ha pasado el tiempo y usted no nos publica la carta y entretanto en cambio, siguen apareciendo muchas otras cartas en las que se critica y se vilipendia a las personas que estamos en las Plataformas y se condenan los escraches como hechos violentos y delictivos.
Esto parece demostrar que ustedes han tomado partido y que su periódico adolece de falta de imparcialidad. Pero lo que más nos sorprende y alarma es que sean ustedes, en este caso, quienes están impidiendo el derecho a la libertad de opinión.
Para el conocimiento de los autores de dichas cartas queremos hacer constar que con fecha 22 de abril Amnistía Internacional hace público un comunicado en que afirma que “ las manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional” y que “ AI está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas… con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que por supuesto, son legítimas.” Haciendo una serie de peticiones al Gobierno “para que no se admitan estos ataques y se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones y no se restrinja el derecho de libertad y expresión y manifestación pacífica.”
El pasado 24 de abril, el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, declara que los escraches no pueden considerarse un delito y que “los escraches pacíficos son una muestra de libertad de manifestación.”
A pesar de su negación a habernos publicado la carta anterior, le enviamos esta comunicación que podría aparecer como artículo de opinión, para que la publique en su periódico dando muestras así, de su posicionamiento a favor de la imparcialidad y la libertad de expresión que deben ser los imperativos de un medio de comunicación pública, el de velar por la veracidad, la imparcialidad y la libertad de expresión.
Le comunicamos, también que si persisten en no publicárnosla, tras dejar pasar unos días, la enviaremos a otros periódicos.
Atentamente les saluda:
La Asamblea de la PAH de Badajoz.
PD: finalmente publicaron el anterior artículo: artículo
PAH Badajoz / Plataforma de Afectados por la Hipoteca / Stop Desahucios / Comisión vivienda 15M 