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Seguimos en la brecha…

El pasado mes de febrero la comisión de vivienda del 15M de Badajoz, grupo stop desahucios y PAH ha cumplido un año desde su puesta en marcha. Un aniversario que no se celebró porque nuestra bandera es empatizar con el sufrimiento de cientos de personas que han solicitado nuestra ayuda. La labor de las personas que integran este movimiento ciudadano ha sido ejemplar. Un arduo trabajo desde que comenzamos nuestra andadura en febrero de 2012. Tal esfuerzo sólo se ha visto recompensado por el centenar de familias que han evitado el inminente desalojo de su hogar gracias al apoyo social y jurídico de la PAH de Badajoz.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo el pasado 14 de marzo fue nítido: “se vulneran sistemáticamente los derechos de los consumidores y el principio de tutela judicial efectiva en los procedimientos de ejecución hipotecaria”. Sin embargo, esta sentencia huelga la parte de los Pactos Internacionales ratificados por España en materia de Derechos Humanos, que fueron respaldados por la Abogacía del Estado español en un primer documento publicado en octubre de 2012 para la posible paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria. La Asociación Jueces para la Democracia también se ha manifestado en favor de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por la Plataforma desde que comenzó su actividad.

Los esfuerzos de las más de 150 Plataformas de afectados por la hipoteca constituídas en España, la Sentencia del TJE y toda la opinión pública se muestran a favor del activismo de la Plataforma. Este hecho contrasta con las tibias e ineficaces medidas  aprobadas por el Gobierno. Los livianos supuestos contemplados en las disposiciones del Real Decreto 27/2012, más allá de proteger a los deudores hipotecarios, han supuesto una carga aún mayor desde el punto de vista de la integración social, ya que miles de familias viven fuertemente lastradas por  el problema del paro. El pulso del Gobierno ante los abrumadores datos se torna en un déficit de  democracia. Hace escasos días, el Partido Popular ha rechazado en el Senado 275 enmiendas a las medidas propuestas para su modificación posteriores a las demandas exigidas por la PAH desde 2008

La iniciativa legislativa popular fue refrendada por 1,4 millones de firmas, un hecho sin precedentes. En el transcurso de 2012, se han producido 115 desahucios al día durante 2012 que representan un desahucio cada 15 minutos. Las familias afectadas no quieren que se les regalen viviendas. Si algo tienen en común es saber sacar sus hijos adelante con unos recursos casi inexistentes. Nuestro lema “si se puede, pero no quieren” es un llamamiento al ejercicio pleno de la democracia.

La gestión del Gobierno Extremeño en materia de vivienda se le ha quedado como una talla XXL. Paradójicamente la Junta de Extremadura ofrece un opaco parque de viviendas de realojo para familias desahuciadas y, a la vez, se ha llegado a notificar desahucios a personas que están en régimen de alquiler de vivienda social previamente concedidas por la Junta, lo cual supone una terrible e inexplicable contradicción. A la Junta de Extremadura le pedimos mayor transparencia en sus planes de vivienda para las familias afectadas.

En Badajoz, los partidos locales de la oposición presentaron varias mociones al pleno del Ayuntamiento: Entre las medidas que se formularon: Revisión de las relaciones del Consistorio que mantiene con las entidades bancarias que promueven las ejecuciones hipotecarias y desahucios, y hacer pública esta información. Declarar a Badajoz como ciudad en contra de los desahucios, tomando como ejemplo los pasos seguidos por otras ciudades españolas (Zaragoza, Medina del Campo, Vigo…). Creación de una oficina específica para atender a las familias afectadas. Modificación de la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre las plusvalías, para eximirlas de su pago. Dar instrucciones a la Policía Local para que no intervinieran activamente en los desalojos y acordar que las viviendas de los cuarteles de la Guardia Civil de Gévora y Valdebótoa se incluyeran como parque de viviendas de alquiler social destinadas a las familias desahuciadas. Todas las peticiones han sido rechazadas sistemáticamente por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Badajoz. Tenemos un objetivo muy claro: proteger la dignidad de las personas y el derecho a la vivienda. Así, se han realizado innumerables actuaciones en los juzgados, notarías, registro de la propiedad, entidades financieras, asociaciones y plataformas de apoyo, estamento político, etc. El único fin de los movimientos ciudadanos y  concretamente de esta plataforma es construir una nueva sociedad a costa de proteger a las personas frente a la conculcación de derechos fundamentales. Hemos conseguido salvaguardar las viviendas de un centenar de familias con las distintas actuaciones llevadas a cabo desde la Plataforma. En la mayoría de los casos, hemos encontrado un respaldo institucional mayoritario.

La PAH de Badajoz ha impulsado la constitución de nuevas plataformas antidesahucios a lo largo de toda la Provincia: Almendralejo, Mérida, Montijo, etc. En los pequeños municipios la gente empieza a organizarse y a perder el miedo y la vergüenza por el estigma social que supone el acoso a través notificaciones judiciales que llegan a sus domicilios y las reiterativas y despreciables llamadas telefónicas de los bancos y oficinas de cobro a los afectados, buscando cualquier excusa para amenazarles si no pagan inmediatamente. Todo ello servirá de acicate para que todos ellos unidos, junto con los colaboradores y voluntarios de la plataforma, podamos lograr una conquista social como se consiguieron en su día la sanidad pública, la educación y el sistema de pensiones. La Plataforma también se suma a todas las mareas de reivindicación de lo público y deja meridianamente clara su postura: queremos reivindicar el pleno ejercicio de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Todos juntos podemos. Ánimo, fuerza y lucha.

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