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Contra los Desahucios. Tenemos derecho a un techo

Desde el Colectivo La Trastienda y las Comisiones Vecinales que se están creando en las barriadas de viviendas sociales en Mérida hemos elaborado un Décalogo contra los Desahucios por el Derecho a un Techo. Tratamos de exponérselo al Consejero de Vivienda en la reunión que tuvo lugar el 26 de junio, pero además de negarse a recibir a los vecinos elegidos en las barriadas despachó el asunto de este modo: “De ninguna manera vamos a paralizar los desahucios. Estamos recibiendo muchas felicitaciones por ello”.

El próximo viernes, día 29 de junio, vamos a ser recibidos conjuntamente por los grupos parlamentarios de IU y del PSOE en la Asamblea de Extremadura. Les expondremos este mismo decálogo y les solicitaremos que presenten una iniciativa urgente en el Parlamento regional. Hay muchas familias viviendo en vilo, que además del paro y la exclusión social, se encuentran amenazadas de desahucio. Hay que poner fin a esta situación, que está llevando dolor y miedo a los barrios más pobres de Extremadura.
En Mérida, hasta la fecha, se han celebrado asambleas vecinales en las barriadas de Bellavista, la Cruz-Campo y Juan Canet. El jueves 28 se celebrará en las viviendas sociales del Prado y el martes 3 de julio en el PERI de Sán Lázaro.Desde el Colectivo La Trastienda animamos a todos los grupos y movimientos por los Derechos Sociales y el derecho a la vivienda que existen en las ciudades y pueblos de Extremadura a promover la convocatoria de reuniones en las barriadas sociales así como la movilización que evite el desahucio de más familias.
Reproducimos a continuación tanto el decálogo elaborado como la referencia en los medios de comunicación sobre la fallida reunión mantenida con el Consejero de Vivienda. Contra los desahucios, movilización.
DECÁLOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS. TENEMOS DERECHO A UN TECHO
1.       Paralización inmediata de todos los desahucios de viviendas sociales, que están provocando auténtico pánico en los barrios, y apertura de un proceso de estudio y negociación con las Comisiones de vecinos de cada barriada, constituidas al efecto. Cumplimiento de los derechos a una vivienda digna y a la protección de la familia, establecidos en los artículos 47 y 39 de la Constitución Española.
2.       La Junta de Extremadura debe cumplir escrupulosamente con la normativa de protección a los menores. Basta con dos ejemplos: el brutal desahucio de familias con niños en barriadas como Juan Canet y Bellavista; o el hecho de que, por la imposibilidad de pagar los recibos de agua, muchos niños y niñas se encuentren sin agua corriente y/o sin luz eléctricas en sus casas.
3.       Para el  pago de los alquileres se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
–          Transitoriamente, estarán exentos del pago del alquiler todas aquellas familias en las que todos sus miembros estén en desempleo. También estarán exentos en el caso de que las personas de la familia en situación de desempleo perciban cantidades equivalentes o inferiores a las del subsidio de desempleo (426 euros mensuales).
–          Para quienes tengan trabajo se establecerá un baremo que tenga en cuenta tanto los salarios percibidos como la precariedad en la contratación. En cualquier caso, deberá garantizarse que el alquiler no supera el 10% de los ingresos salariales.
–          Sólo en el caso de disponer de trabajo estable, se procederá a la negociación de la deuda atrasada.
4.       Hace falta modificar la tabla de minoraciones y adaptarla a las nuevas situaciones de pobreza y marginación que se están generando en los últimos años. En el plazo de 2 meses se procederá a una revisión de los criterios establecidos en el decreto vigente. La cuantía de los alquileres debe desacoplarse de los precios del metro cuadrado por zonas, establecidos con criterios de mercado (artículo 24.2 del Decreto). La vivienda no es una mercancía, sino una necesidad básica y un derecho. Los criterios a aplicar en las rentas de las viviendas sociales han de ser sociales, atendiendo a los ingresos, precariedad, situación de exclusión… También deben aumentarse las deducciones relativas al número de integrantes de la familia,  los ingresos, situaciones de paro, discapacitados a cargo, mayores de 65 años…
5.       Elaboración de una nueva normativa de regularización de traspasos, cesiones, ocupaciones y trasmisiones familiares. Es una aberración desahuciar a personas que viven en casas cuyos titulares son familiares suyos. Debe darse una solución a las personas que han sido desahuciadas hasta el momento y que malviven hacinadas en casas de otros familiares.
6.       Publicación de la información que obre en poder de la Junta sobre el censo de viviendas desocupadas en Extremadura, incluyendo tanto las viviendas sociales (VPO de promoción pública) como las viviendas privadas que han contado con subvención pública. Elaboración de un censo de las viviendas en manos de los bancos en Extremadura, como consecuencia de impago de hipotecas. La Junta de Extremadura debe tomar cuantas medidas sean necesarias para poner este parque de viviendas desocupadas al servicio del cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna.
Elaboración de un plan inmediato de ocupación de las viviendas vacías para abordar los casos de probada y urgente necesidad, unidades familiares más numerosas, así como las situaciones derivadas de ejecuciones de sentencias, necesidades planteadas por el Instituto de la Mujer de Extremadura, personas con discapacidad u otras situaciones de emergencia o especial gravedad, conforme a lo previsto en el Decreto vigente de adjudicación de vivienda (115/2006).
7.       Plan de reparaciones, arreglo y adecentamiento de las barriadas de viviendas sociales por parte de la Junta de Extremadura. No es de recibo que la Junta de Extremadura incumpla sus obligaciones como casera, por ejemplo no arreglando los ascensores en algunas barriadas.
8.       Medidas específicas de empleo para las barriadas sociales, con altos niveles de desempleo. Hasta la aprobación de la Renta Básica, flexibilización de las condiciones de acceso a las AISES.
9.       Intervenir en el fraude relacionado con la vivienda, empezando por los casos más sangrantes: construcciones ilegales en espacios protegidos, casas de lujo edificadas en terrenos no urbanizables, elusión fiscal en VPO privadas mediante dinero negro…
10.   Planes integrales de desarrollo comunitario de las barriadas de viviendas sociales. Los barrios de vivienda públicas han sido y son los barrios marginados de las ciudades, por antonomasia. No se puede tratar como un problema de orden público, lo que no es sino una situación de injusticia social. Frente al barrio-gueto, el barrio con equipamientos, servicios y empleo. Son precisos planes integrales de intervención que cuenten con la participación del Ayuntamiento y los vecinos de esos barrios, pero también de las asociaciones existentes, de los centros educativos y sanitarios, de los comerciantes…. La promoción de locales para empleo, talleres ocupacionales, empresas de economía social, puede crear tejido social y dar una salida profesional a la población.

HAY UNOS 700 DESALOJOS EN PROCESO DE EJECUCION

Fomento rechaza ante los afectados suavizar la política de desahucios

El colectivo pide que se realoje a los desahuciados en casas desocupadas

R. ENTONADO 27/06/2012(El Periódico Extremadura)
La Consejería de Fomento seguirá ejecutando expedientes de desahucio en las viviendas sociales. La plataforma de afectados y el colectivo emeritense La Trastienda han mantenido en Mérida un encuentro con el consejero Víctor del Moral y, pese a presentarle un documento con diez propuestas alternativas, les confirmó que la Junta seguirá adelante con la política de desalojos.
La portavoz de los afectados, Marisa Prudencio, explicó que el encuentro “ha sido inútil” ya que la primera exigencia de la plataforma, que era la paralización inmediata de los desahucios para después eleborar un plan de pago específico adaptado a cada caso con exenciones para las familias con todos sus miembros en paro, no ha sido aceptada. Del Moral ha recordado que los desalojos que se han producido cuentan con la pertinente autorización judicial y que se ejecutan tras “un proceso largo, complejo y garantista”.
Mientras Del Moral se reunía con los miembros de la plataforma y La Trastienda, un grupo de afectados a los que según Prudencio no se permitió el acceso a la reunión esperaban en la puerta en señal de protesta. Entre ellos se encontraba Ana, una emeritense separada que asegura que cada semana recibe una carta de desahucio porque no puede pagar el alquiler, de unos 70 euros mensuales. “Cobro 426 euros y conmigo vive un hermano y mi hijo de 24 años que está en paro. Que me digan ellos cómo afronto todos los gastos”, explicaba. “El consejero no ha querido enfrentarse con la realidad ni recibir a los afectados que nos acompañaban para conocer sus casos”, declaró Prudencio.
Los afectados entregaron a Del Moral un documento con diez propuestas alternativas a los desahucios. La primera de ellas era la paralización inmediata de los expedientes de desalojo que la Junta tiene abiertos en más de 700 viviendas sociales, ya que según Prudencio, “están provocando un auténtico pánico en los barrios”. En el texto denuncian además que la Junta incumple la ley de protección al menor al llevar a cabo los desahucios, hechos que califican de “maltrato institucional”. Para evitar desalojos y facilitar el pago de las cuotas, plantean exenciones para familias con todos sus miembros en paro y que en aquellos casos en los que esta tenga ingresos, que se le asegure que la letra del alquiler no será superior al 10% del salario que perciba.
También que solo en casos en los que cuente con trabajo estable se proceda a la negociación de la deuda atrasada y que de cara al fraude relacionado con la vivienda, “la Consejería de Fomento comience por los casos más sangrantes: construcciones ilegales en espacios protegidos, casas de lujo edificadas en terrenos no urbanizables…”. Que no se pueda desahuciar a las familias que residen en casas cuyo titular es un pariente y que se elabore un censo de viviendas sociales desocupadas para elaborar un plan inmediato de ocupación son otras propuestas, al igual que el adecentamiento y reparación de los inmuebles.
La Junta recuerda que ya se está analizando individualmente cada expediente de desahucio y recuerda que todos los desalojos cuentan con autorización judicial. Fomento tiene abiertos más de 700 expedientes de desalojo, de los que se han ejecutado 23. Las principales causas que han motivado el inicio de los expedientes corresponden a la no ocupación de las viviendas, su ocupación ilegal, la falta de pago de los inquilinos o las conductas asociales que se producen en las mismas.
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